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La educación es el derecho más vulnerado a las personas con discapacidad, según el informe SOLCOM 2011

La Asociación SOLCOM para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social dio a conocer el pasado 9 de febrero los resultados del informe que ha elaborado por segundo año consecutivo, “Derechos Humanos. Violaciones en España de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (diversidad funcional) de la ONU”.

Núria Gómez, vocal de la Junta Directiva, presentó la Asociación SOLCOM e Itziar Fernández, Coordinadora de SOLCOM, expuso los datos del informe.

La educación, el derecho más vulnerado

El documento recopila casos de discriminación que afectan directamente a personas de todas las edades, de los que ha tenido noticia la propia organización, por los medios de comunicación o por otros informes similares. Asimismo, a lo largo del texto se hace un breve análisis comparativo para ver la evolución de los pasos dados en materia de derechos humanos en España durante el año.

Las vulneraciones más habituales a los artículos de la Convención:

Nº Descripción artículo 2011 2010

24 Educación 49,3% 60,0%

7 Niños y niñas con discapacidad 36,6% 47,8%9 Accesibilidad 22,5% 15,6%

15 Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 16,9% 1,1%

19 Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 11,3% 8,9%

17 Protección de la integridad personal 9,9% 1,1%

Como se recoge en el cuadro anterior, reproducido del Informe, el artículo de la Convención más vulnerado es el número 24, referente a la educación, en un 49,3% de los casos. Muchas veces se vulnera más de un artículo, indica el informe. Por ejemplo, en los casos de educación, que afectan a niñas y niños y a los que también se vulnera el artículo 7, referente a su protección.

Itziar Fernández, aseguró que el 90 % de niños y niñas con diversidad funcional que deberían recibir una “educación inclusiva” en colegios ordinarios “no lo hacen y son desviados a centros de educación especial”. Según la experta, las administraciones deberían proveer, por ley, programas de integración dentro de los colegios ordinarios para que niños y niñas con discapacidad puedan estudiar junto con el resto de en absoluta normalidad. No obstante, “los centros alegan falta de recursos y los técnicos de la administración realizan unos informes psicopedagógicos con los que justifican que estos niños no están preparados para estudiar en un centro ordinario y los envían a uno especial”, explicó Fernández, que añadió cómo los jueces lo respaldan y los padres se encuentran solos ante esta situación. El artículo 24 de la Convención, según Fernández, “sigue siendo muy vulnerado, desde la infancia hasta la Universidad”.

El artículo 9 (sobre accesibilidad) es el tercero más vulnerado, en un 22,5% de los casos; y el siguiente, el artículo 15, de Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Desde SOLCOM se expresó consternación por el aumento de 15,8 puntos en el porcentaje de violaciones de este derecho, que se produjeron mayoritariamente en centros residenciales.

Conclusiones y recomendaciones

En las conclusiones del informe se destaca que los padres y madres de las personas discriminadas por su diversidad funcional denuncian con mucha más frecuencia que las propias personas con diversidad. Así como el aumento de casos denunciados ante los tribunales -un 32,4%, frente al 16,7% del 2010-, aunque la mayoría se siguen denunciando en prensa.

Por otro lado, la Comunidad Autónoma en la que se han producido más denuncias (lo cual no significa que haya habido más o menos violaciones, sino mayor constatación de ellas) ha sido Andalucía (18%), seguida de la Comunidad Valenciana (15%) y Castilla y León (14%).

El informe apunta cinco recomendaciones; a grandes rasgos: La necesidad de educar en diversidad e inclusión para vivir en comunidad; lo imprescindible que es difundir la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad (diversidad funcional) de la ONU, la cultura y las herramientas de denuncia de violaciones de derechos. Según el informe SOLCOM, además, los organismos dependientes de la administración deben reformarse para adecuarse a lo establecido en la Convención; la sociedad civil debe asumir su papel y presionar y denunciar a las administraciones para que cumplan la Convención; y el dinero de los Fondos Europeos debería utilizarse para fomentar los valores de la Convención.

Durante el acto de presentación del Informe SOLCOM 2011, tuvo lugar también la mesa redonda "La defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional", moderada por José Ramon Carrillo, abogado y miembro del consejo rector del Institut Municipal de persones amb Discapacitat (IMD). Expertos del ámbito del Derecho y miembros de la Asociación SOLCOM –concretamente, Antonio Centeno (asesor de SOLCOM), Antonio Madrid (secretario de la Facultad de Derecho (UB) y coordinador del proyecto “dret al Dret”) y Jaume Saura (profesor de Derecho Internacional de la UB y presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya)- debatieron sobre las posibles soluciones que se plantean desde el ámbito jurídico ante la situación de vulnerabilidad y violación de derechos que sufren las personas con diversidad funcional y sus familias.


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