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La discapacidad moviliza más de 450 ayuntamientos catalanes a favor del derecho al trabajo de las personas con discapacidad

Los ayuntamientos catalanes son conscientes de las consecuencias que 2.500 personas con discapacidad se quedan sin trabajo y que se cierren entidades en el territorio.

Así lo han manifestado a través de la presentación de mociones de apoyo a los centros especiales de trabajo sin ánimo de lucro ya las entidades que desarrollan programas de intermediación laboral y trabajo con apoyo. En poco más de un mes 103 consistorios que representan más de 4,5 millones de catalanes ya cuentan con mociones aprobadas.

Ayuntamientos como Barcelona, ​​L'Hospitalet, Lleida, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, ​​Vilafranca, así como la Diputación de Girona y los consejos comarcales del Conca de Barberà, Alt Penedès, Baix Empordà, Berguedà y Pla de l'Estany se han añadido de manera unánime a la reivindicación del sector de la discapacidad.

Entre las demandas está la exigencia al Gobierno español para enmendara los presupuestos, lo que no se ha producido y que ha dejado Cataluña con un recorte del 57% de la partida destinada a políticas de empleo. Ahora las entidades que han promovido las mociones, Dincat (discapacidad intelectual), Ecom (discapacidad física), FECAFAMM (personas con trastorno mental) y Actas (programas de empleo con apoyo para discapacidad intelectual), piden al Gobierno catalán soluciones para salir de la gravedad de la situación que nos puede trasladar a tres décadas atrás en cuanto al derecho al trabajo de colectivos que aún no habían alcanzado una situación de igualdad.

El Síndic de Greuges también ha emitido un informe alertando de la vulnerabilidad del colectivo de la discapacidad, especialmente del que tiene especiales dificultades (intelectual, física y sensorial de más del 65%, y trastorno mental). "La decisión de reducir el gasto en este ámbito no es una decisión técnica menor, sino que tiene efectos sustancial sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad intelectual y trastorno mental", afirma el Síndic en su informe.

La rapidez con que se ha conseguido el apoyo, con una campaña que pone en marcha el 20-M con una concentración de 14.000 personas en el Arco del Triunfo, demuestra la vinculación con el territorio de los más de 150 centros que promueven el empleo de personas con especial dificultad y los Servicios de Integración Laboral y Empleo con Apoyo, que trabajan para la inserción laboral en la empresa ordinaria.

Las familias, una representación de las que ha querido estar presente en el acto de entrega, se muestran dispuestas a luchar para que sus familiares no vuelvan a casa, como ocurría hace 30 años, y advierten que un recurso en un servicio asistencial costará más y genera menos riqueza. Las organizaciones representativas calculan que pasar de estar activo a depender de los servicios sociales tiene un coste de 24.000 euros al año, mientras que mantener un recurso laboral cuesta como máximo 8.000 euros.


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