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Se establecen las bases para crear un catálogo único para toda España de productos ortoprotésicos

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de noviembre, a instancias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Proyecto de Real Decreto por el que se fijan las bases para establecer los importes máximos de financiación en ortoprótesis. Con anterioridad a esta norma, cada Comunidad Autónoma establecía su propio catálogo de ortoprótesis, lo que daba lugar a importantes diferencias. Con este acuerdo, el ciudadano accederá al mismo producto, con el mismo importe máximo de financiación, con independencia de dónde viva.

Este Proyecto de Real Decreto establece las bases para desarrollar con posterioridad, mediante órdenes ministeriales, los aspectos que contempla. Sin embargo, sólo la aplicación de los importes máximos de financiación a toda la prestación ortoprotésica a la que abre la puerta este proyecto supondría, según cálculos del Gobierno, una disminución del coste sanitario de unos 53 millones de euros.

La prestación ortoprotésica consiste en la utilización de productos sanitarios, implantables o no, cuya finalidad es sustituir total o parcialmente una estructura corporal (por ejemplo, una prótesis de mano o de pie) o bien corregir o facilitar su función (un collarín, unas muletas o una silla de ruedas). Los productos ortoprotésicos de dispensación ambulatoria ya estaban sometidos a aportaciones del usuario en muchas comunidades autónomas. Eso sí, como argumenta el Gobierno, “cada una la establecía de modo diferente, lo que provocaba desigualdades entre los ciudadanos en función de dónde residían: cada Comunidad Autónoma tenía su propio catálogo, lo que generaba una gran disparidad entre Comunidades, tanto en contenido, precios, sistema de provisión y tipo de aportación del usuario”.

Entre los aspectos más importantes regulados en este Proyecto de Real Decreto están los siguientes:

- Establecimiento de un catálogo común. Recogerá el contenido de la prestación ortoprotésica suplementaria ambulatoria que, como mínimo, han de ofrecer todas las Comunidades Autónomas, Ingesa y mutualidades de funcionarios.

- Creación de la Oferta de productos ortoprotésicos del Sistema Nacional de Salud (SNS). Determinará el conjunto de productos susceptibles de ser financiados por el SNS. Sólo serán financiados los productos que las empresas oferten al SNS de acuerdo a los criterios establecidos, y su precio no podrá superar el importe máximo de financiación. La norma establece criterios para la inclusión de productos ortoprotésicos en la Oferta y las bases del procedimiento de oferta.

- Importes máximos de financiación. Es la cuantía máxima que se fijará para cada tipo de productos, a efectos de su financiación por el SNS, incluyendo, en su caso, la aportación del usuario.

- Aportación del usuario. El sistema se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, pero con distintos límites, aún por establecer. Habrá tres tipos de aportación. Estarán exentos los productos que no sean de dispensación ambulatoria, como los implantes quirúrgicos. Además, quedarán exentos los casos que contempla el Real Decreto-ley 16/2012 (parados de larga duración que hayan perdido el derecho a percibir el subsidio, perceptores de rentas de integración social, de pensiones no contributivas, personas con discapacidad beneficiarias del sistema de prestaciones previsto en la ley de integración social de las personas con discapacidad, afectados por el síndrome tóxico, etc.). Tendrán aportación reducida de un 10% del precio de oferta los productos destinados a patologías más graves y más costosos.

CARTERA SUPLEMENTARIA

La regulación de la prestación ortoprotésica, junto con los dietoterápicos, el transporte sanitario no urgente y los medicamentos forman parte de la cartera común suplementaria que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está configurando junto con las Comunidades Autónomas. Se trata de prestaciones que, en ciertos casos, requieren, como hasta ahora, de una aportación del usuario. Esta aportación se está fijando y unificando.

Farmacia ha sido el primer ámbito donde se han incorporado criterios de equidad en la aportación de los usuarios, lo que, según informa el Gobierno, ya ha supuesto un ahorro de 636 millones de euros en los primeros tres meses de aplicación. En el caso de los dietoterápicos, el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 3 de noviembre la orden ministerial que establece un factor común de facturación de la prestación con productos dietéticos. La medida permitirá calcular el importe de facturación de cada uno de los productos incluidos en la oferta de productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud. De este modo, se pretende fomentar la equidad en el acceso a estos productos, pues hasta ahora este factor era diferente en cada Comunidad Autónoma.

En cuanto al transporte sanitario no urgente, el Ministerio y las Comunidades Autónomas están en una fase técnica para fijar las aportaciones, los límites y los casos que quedarían exentos de aportación. Para finales de año podrá estar aprobada por la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la cartera de servicios suplementaria.


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