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La Ley de Justicia Gratuita protegerá especialmente a las personas con discapacidad

El anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, aprobado el pasado 11 de enero por el Consejo de Ministros, otorga una protección especial a las personas con discapacidad.

En concreto, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Justicia, entre los motivos para beneficiarse de la ayuda estatal para litigar están "circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad".

En estos casos, se tendrá cobertura jurídica gratuita con ingresos de hasta cinco veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que supone un umbral de 31.950,65 euros.

Además, las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, así como los menores y personas con discapacidad psíquica víctimas de abusos o maltrato tendrán derecho a la justicia gratuita independientemente de sus rentas.

Al mismo tiempo, Justicia informó de que la Cruz Roja, las asociaciones en defensa de las personas con discapacidad, los sindicatos y los representantes de los trabajadores, así como las entidades gestoras de la Seguridad Social, tendrán derecho a la justicia gratuita siempre que ejerciten acciones en defensa de sus intereses específicos.

El anteproyecto también introduce como novedad que el beneficiario de la justicia gratuita podrá elegir qué prestaciones de las previstas en este derecho desea obtener, lo que, por ejemplo, en el caso de las mujeres maltratadas podrá hacerles evitar el pago de la tasa correspondiente, pero ser representadas por un abogado de su elección y no por uno de oficio, si así lo desean.

Las prestaciones que comprende el derecho a la justicia gratuita son asesoramiento y orientación, así como información sobre la mediación y otros medios extrajudiciales; y asistencia y representación gratuita de abogado y procurador. También contempla inserción gratuita de anuncios o edictos, exención del pago de tasas y depósitos y asistencia pericial gratuita.

Los beneficiarios también tienen derecho a obtención gratuita de copia, testimonio, instrumentos y actas notariales, y reducción del 80% de los derechos arancelarios que les sean requeridos por el órgano judicial.

Fuente: SERVIMEDIA


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