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El Gobierno catalán aprueba la memoria previa del Anteproyecto de ley marco de la protección social de Cataluña

El Gobierno ha iniciado la tramitación de la ley marco de la protección social de Cataluña con el objetivo de blindar el modelo catalán de estado del bienestar. Con la futura norma, el Gobierno pretende priorizar el mantenimiento de la cohesión social del país, un pilar especialmente importante en el actual contexto de crisis económica. Así lo anunciaron ayer La Consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté y el consejero de la Presidencia, Francesc Homs en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de ayer martes.

Esta ley es "un punto de partida de una propuesta legislativa que quiere ser ambiciosa pero también de compromiso con las políticas sociales en Catalunya", según destacó la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté.

La ley tiene un doble objetivo: proteger el modelo de estado del bienestar catalán y promover políticas de inclusión para dar respuesta a las nuevas y duras necesidades sociales que han surgido como consecuencia de la crisis.

El estado del bienestar está formado por el sistema de seguridad social, el sistema de salud, el de educación, el sistema de servicios sociales, las políticas para el empleo, las políticas de vivienda y otras actuaciones públicas. Se trata de uno de los motores económicos generadores de riqueza y de equilibrio territorial. Esta nueva ley velará por la sostenibilidad presente y futura de las políticas sociales e incorporará los principios básicos de la solidaridad, la cohesión social, la responsabilidad personal, la universalidad, la colaboración público-privada y la corresponsabilidad, la iniciativa social; la equidad territorial y la eficacia, eficiencia y subsidiariedad.

Paralelamente, la nueva ley supondrá una actualización de la normativa vigente y garantizará el equilibrio necesario entre la calidad y la sostenibilidad del sistema, siguiendo los preceptos de la Comisión Europea, que recomienda mejorar las estrategias de inclusión activa, hacer un uso eficiente y eficaz de los presupuestos sociales, así como simplificar los sistemas de prestación y su administración para asegurar que las personas más necesitadas reciban el apoyo adecuado.


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