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ECOM pide en el Gobierno catalán la retirada de la orden de copago

Y LO EMPLAZA A SENTARSE PARA CONJUNTAMENTE CREAR UN NUEVO MODELO DE COPAGAMENT MÁS JUSTO CON LAS PERSONAS

Como máximo representante de las asociaciones y personas con discapacidad física en Cataluña, ECOM pide en el Gobierno catalán la retirada de la orden por la cual se establecen los criterios para determinar el copago de los beneficiarios de las prestaciones de servicio no gratuitas y de las prestaciones económicas destinadas a la atención a la dependencia de la Cartera de Servicios Sociales, que entró en vigor el pasado 1 de mayo.

ECOM hemos manifestado desde el inicio nuestro desacuerdo con esta orden porque consideramos que no hace más que agravar la situación al fijar un nuevo modelo de copago que carga todavía más las aportaciones a hacer por parte del beneficiario y no tiene en consideración el agravio económico comparativo de las personas con discapacidad, vulnerando así el derecho a una vida digna. Además, creemos que la definición de una orden como esta requiere un diálogo previo y real con los agentes implicados, que pensamos que no se ha producido, por carencia de voluntad política.

Como nos temíamos, de acuerdo con las informaciones que ya han empezado a recibir los beneficiarios con discapacidad física de plazas de residencia de algunas de las entidades federadas a ECOM, el incremento en la cuantía que tendrían que aportar los beneficiarios (según el cálculo provisional hecho por el departamento de Bienestar Social y Familia en base a los datos que disponen), es, en muchos casos, desmesurada. A día de hoy, de los 143 beneficiarios residentes en centros de las entidades de ECOM que nos han comunicado los copagos que les correspondería, según la carta que han recibido, en 105 casos el copago se ve incrementado, con casos tan extremos como que un beneficiario tiene que llegar a pagar hasta 3.000 € mensuales por una plaza de residencia. En unos sesenta casos, el incremento es de un 50% o más en relación a la cantidad que copagaban hasta ahora.

A pesar de que desde el departamento de Bienestar Social y Familia nos insisten que son cálculos provisionales, en ECOM cada vez vemos más claro que la aplicación de esta orden tendrá graves afectaciones en las personas con discapacidad física, muchas de las cuales se verán abocadas a situaciones de empobrecimiento y exclusión social y privadas de disfrutar de cualquier posibilidad de autonomía personal, un objetivo que desde el departamento siempre se ha manifestado que quieren fomentar cuando hablan de impulsar una nueva Ley de Autonomía Personal en Cataluña, una normativa que empezamos a dudar que acabe viendo la luz.

Por la afectación que ya se prevé que esta orden tendrá en las personas con discapacidad física y por la vulneración que su aplicación supone a derechos fundamentales reconocidos a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ECOM exigimos en el Gobierno catalán que retire esta orden y lo emplazamos a abrir un verdadero diálogo con todos los agentes implicados para reflexionar detenida y conjuntamente un nuevo planteamiento del sistema de copago, con parámetros asumibles que permitan seguir garantizando el bienestar de las personas y el fomento de su autonomía personal.

A la hora de plantear cualquier copago que afecte las personas con discapacidad física no se puede obviar que estas personas, para atender las necesidades generadas por su discapacidad (ayudas técnicas, atención especializada –fisioterapia, logopedia, terapeuta ocupacional...-, adaptación de la vivienda...), generan unos gastos extra que lo supone un agravio económico comparativo con el resto de la ciudadanía. Estas son gastos de las cuales no pueden prescindir porque las hacen en prevención del empeoramiento de su discapacidad y su calidad de vida y también para poder llevar una vida autónoma e independiente y en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía.

ECOM no acepta que, en un estado de bienestar, los gastos que no pueden ser cubiertas por las diferentes administraciones se carguen directamente en los ciudadanos beneficiarios de los servicios y/o prestaciones sociales.


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