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El COCARMI denuncia incumplimientos de los compromisos del Gobierno en programas de inserción laboral de las personas con discapacidad

El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), organismo del cual forma parte la Confederación ECOM Cataluña (en representación de la discapacidad física), ha denunciado a través de una nota de prensa la carencia de compromiso de la Generalitat de Cataluña por la inserción laboral de las personas con discapacitado y/o trastorno mental y por su integración social.

Según explican, este incumplimiento queda patente en la Orden EMO/340/2014, de 10 de noviembre, que regula las subvenciones para realizar Servicios Integrales de Orientación, Acompañamiento y Apoyo a la inserción de las personas con discapacidad y/o enfermedad mental (SIOAS). La orden unifica los programas POIN (Programa de orientación y acompañamiento para la inserción de las personas con discapacidad y/o enfermedad mental) y TAS (Trabajo con Apoyo), que hasta ahora apoyaban a estas acciones, y hace pública la convocatoria para el ejercicio 2014-15, de 4,5 millones de euros, 900.000 euros menos (un 20 por ciento) que el presupuesto de las anteriores convocatorias de POIN y TAS, cuando el compromiso inicial del Gobierno era mantener el presupuesto del ejercicio anterior. Para la convocatoria 2015-16 el presupuesto para el SIOAS baja todavía más, hasta los 2,3 millones, casi un 60% menos que el presupuestado al 2013. La reducción de recursos destinados a la inserción laboral a la empresa ordinaria de las personas con discapacidad y/o trastorno mental se pone de relevo comparando los datos del año 2011 (en plena crisis económica) y las de 2014. Así, según explica la nota, las federaciones miembro de COCARMI y sus entidades tenían contratados al 2011, por los programas POIN y TAS, unos 200 profesionales que atendieron aproximadamente 3.000 usuarios con una aportación de más de 5 millones de euros por parte de la Generalitat de Cataluña; mientras que por el año 2014, el número de profesionales se ha reducido a menos de un centenar, los usuarios serán alrededor del millar de personas y los recursos aportados por parte de la Generalitat no superarán los 3 millones de euros. Por otro lado, según se valora desde el COCARMI, la fusión de las convocatorias de POIN y TAS ha perjudicado los usuarios de este último. El COCARMI solicitó la reserva de una parte del presupuesto específicamente a Trabajo con Apoyo (TAS) a la convocatoria 2014, proporcional a la destinada en convocatorias anteriores, para preservar y reforzar este programa, garantizando los recursos suficientes por las personas con discapacitado con especiales dificultades que opten por el sistema ordinario de trabajo.

En la nota de prensa, el COCARMI pone de manifiesto que considera fundamental, por otro lado, que se garantice la continuidad de los servicios con subvenciones plurianuales, sin periodos de ejecución pendientes de convocatoria y afirma que un golpe más, y aduciendo que no es viable, la plurianualidad que se reclama no ha sido atendida. Manifiesta también que es igualmente preocupante que no se haya establecido ningún plazo para el abono del anticipo del 80 por ciento de la ayuda que ya se ha concedido; y valora que esta situación genera indefensión y una gran incertidumbre a las entidades, ya ahogadas económicamente por el deficiente funcionamiento de la administración, y las aboca además tensiones de tesorería y dificulta la continuidad de los servicios de inserción. Según se explica, son diversos los estudios que han demostrado que las políticas activas de ocupación para personas con discapacidad son rentables no sólo desde el punto de vista social sino también desde el punto de vista económico. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2012, como recuerda el COCARMI, el 36,6 por ciento de las personas con discapacidad en España estaban activas, el que significa 40 puntos por debajo de la media de la población en general, que se sitúa en el 77 por ciento.

El COCARMI cierra la nota de prensa reclamando que dar la espalda al colectivo de la discapacidad, que es especialmente vulnerable, y reducir las inversiones y los programas que facilitan su integración laboral no hace sino condenar estas personas a la exclusión social y la estigmatización, a la vez que va en contra de los principios de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, basada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que reconoce el acceso al mercado de trabajo en igualdad de oportunidades. Añade que hay que tener en cuenta que la exclusión del mercado laboral del colectivo de la discapacidad es muy superior a la del resto de la población (agravada en el caso de las personas con discapacitado intelectual o con trastorno mental), y, por lo tanto, pide que se apliquen medidas concretas que respondan a la diversidad del colectivo y a nuestras necesidades de apoyo.


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