Autonomía personal y vida independiente
Reivindicamos nuestro derecho a vivir de manera independiente, participar y formar parte de la comunidad en igualdad de condiciones. La vida independiente supone poder ejercer nuestros derechos, tomar decisiones sobre nuestra propia vida y disponer de las condiciones y apoyos necesarios para hacerlos efectivos.
Vivir de manera independiente implica poder elegir dónde, cómo y con quién vivir, sin vernos obligadas a aceptar formas de vida, recursos residenciales o apoyos que no hayamos elegido. Para hacerlo posible son indispensables la accesibilidad universal, una vivienda adecuada, unos servicios comunitarios inclusivos y una diversidad de apoyos adaptados a las necesidades, preferencias y proyecto de vida de cada persona.
Desde una perspectiva anticapacitista y basada en la interdependencia, entendemos que vivir de manera independiente no significa vivir sin apoyos ni hacerlo todo por una misma, sino mantener el control y la capacidad de decisión sobre la propia vida. Todas las personas necesitamos apoyos y relaciones; la diferencia está en poder decidir sobre ellos y participar en las decisiones que nos afectan.
Reivindicamos la asistencia personal como un derecho y como un apoyo fundamental para la vida independiente. Debe contar con financiación pública suficiente y permitir que cada persona pueda decidir, de acuerdo con sus necesidades y preferencias, cómo, cuándo y por quién recibe los apoyos. Junto a la asistencia personal, deben garantizarse otros servicios y apoyos comunitarios que permitan desarrollar el propio proyecto de vida y evitar situaciones de aislamiento o institucionalización no deseada.
La asistencia personal debe incorporarse también a las políticas públicas de cuidados y conciliación, reconociendo su contribución a la autonomía y a la igualdad de género. Para las mujeres con discapacidad que necesitan apoyos de terceras personas, poder decidir quién presta estos apoyos y cómo se realizan es también una cuestión de autonomía, intimidad y prevención frente a situaciones de violencia o abuso.
Las administraciones deben garantizar una red suficiente, accesible y territorialmente equitativa de servicios y recursos para la vida independiente y la autonomía personal. En este marco, ponemos en valor servicios especializados como los Centros para la Autonomía Personal SIRIUS y otros recursos de proximidad, y apostamos por su consolidación, fortalecimiento y desarrollo para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad.
Exigimos políticas públicas que hagan efectivo el derecho a vivir en comunidad, garantizando los apoyos, recursos y condiciones necesarias para que ninguna persona se vea obligada, por falta de alternativas, a renunciar a su autonomía, sus decisiones o su proyecto de vida.
Este posicionamiento está vinculado al Artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 2006.