Educación
Entendemos la educación como un derecho fundamental y un motor de transformación social. La inclusión comienza desde la infancia, tanto en los espacios educativos como en los de juego, convivencia y participación.
Desde una perspectiva anticapacitista, entendemos que cuando un niño, niña o joven con discapacidad no puede aprender, participar o relacionarse en igualdad de condiciones, las barreras no están en la persona, sino en un sistema educativo que todavía debe avanzar para ser plenamente inclusivo.
Apostamos por un sistema educativo inclusivo y por la escolarización en centros ordinarios, garantizando los apoyos y ajustes necesarios para que el alumnado con discapacidad física y orgánica pueda aprender, participar y formar parte de la comunidad educativa en igualdad de condiciones. Este derecho debe garantizarse en todas las etapas educativas, desde los 0-3 años y a lo largo de todo el itinerario formativo, respetando también el derecho del alumnado a participar, de acuerdo con su edad y circunstancias, en las decisiones que afectan a su educación.
Ningún niño, niña o joven puede ser excluido del sistema general de educación por motivo de discapacidad. El sistema educativo debe ser capaz de responder a la diversidad del alumnado y garantizar su presencia, participación, aprendizaje y progreso educativo.
La inclusión requiere transformar los entornos educativos y eliminar las barreras físicas, comunicativas, digitales, actitudinales y organizativas. La accesibilidad universal debe garantizarse en los centros, el transporte escolar, los materiales y tecnologías, las actividades complementarias y extraescolares y la comunicación con la comunidad educativa. Asimismo, deben garantizarse los ajustes razonables y los apoyos necesarios e impulsar metodologías basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que permitan dar respuesta a la diversidad del alumnado.
El profesorado y el conjunto de profesionales educativos deben disponer de la formación, los recursos y los apoyos necesarios para garantizar una educación inclusiva y de calidad. La experiencia y la voz de las personas con discapacidad deben incorporarse también a la formación y sensibilización de la comunidad educativa.
La perspectiva de género debe estar presente en las políticas educativas para abordar las situaciones de discriminación que afrontan las niñas y jóvenes con discapacidad y garantizar su participación, las mismas expectativas educativas y entornos libres de violencias y estereotipos.
Apostamos por avanzar hacia un sistema educativo cada vez más inclusivo, reforzando los recursos y apoyos necesarios en los centros ordinarios. Al mismo tiempo, reconocemos el conocimiento, la experiencia y el papel de los Centros de Educación Especial en la atención al alumnado con mayores necesidades de apoyo, así como su contribución como proveedores de servicios y recursos a los centros ordinarios a través del modelo CEEPSIR. Este proceso debe desarrollarse de manera progresiva, garantizando que cada alumno y alumna disponga en todo momento de los apoyos, recursos y atención que necesita, de acuerdo con sus necesidades y circunstancias.
Avanzar hacia una educación inclusiva implica transformar el sistema educativo para que sea capaz de responder a la diversidad de todo el alumnado, garantizando los apoyos necesarios y haciendo efectivos los derechos a aprender, participar y desarrollarse en igualdad de condiciones.
Este posicionamiento está vinculado al Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 2006.