Salud
Defendemos nuestro derecho a disfrutar del mejor estado de salud posible, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivo de discapacidad. Entendemos la salud desde una perspectiva integral, que comprende la prevención, la promoción, la atención, la habilitación y la rehabilitación, y que tiene en cuenta los determinantes sociales que condicionan nuestra salud, bienestar y calidad de vida.
Reivindicamos un sistema sanitario universal, público, equitativo y plenamente accesible. La accesibilidad física, comunicativa, cognitiva y tecnológica debe garantizarse durante todo el proceso asistencial, incluyendo centros y consultas, equipamientos y pruebas diagnósticas, información y comunicación. El lugar de residencia tampoco puede determinar el acceso a la atención sanitaria, los tratamientos, la rehabilitación o los apoyos necesarios.
Apostamos por una atención integral, coordinada y centrada en la persona, que responda a nuestras necesidades y preferencias y garantice la continuidad asistencial y la coordinación efectiva entre los sistemas sanitario y social. Deben respetarse plenamente nuestra autonomía, el consentimiento libre e informado y el derecho a tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo, evitando prácticas paternalistas y capacitistas.
La salud sexual y reproductiva debe garantizarse en igualdad de condiciones, con información y servicios accesibles y libres de prejuicios, infantilización o coacción, prestando especial atención a las situaciones de discriminación que afrontan las mujeres y niñas con discapacidad.
Reclamamos una mayor investigación sobre las enfermedades y condiciones relacionadas con la discapacidad física y orgánica, así como una mayor capacidad de prevención, detección y diagnóstico precoz. El sistema sanitario debe reconocer adecuadamente las experiencias vinculadas a la discapacidad orgánica y las enfermedades crónicas, incluidas el dolor, la fatiga y las condiciones fluctuantes o invisibilizadas, evitando su infravaloración.
No aceptamos que la discapacidad sea motivo para negar, limitar o retrasar la atención sanitaria. El acceso a diagnósticos, tratamientos, atención especializada, trasplantes y terapias debe responder a criterios clínicos y garantizarse sin discriminación, también en situaciones de emergencia o escasez de recursos. Deben abordarse especialmente los sesgos y desigualdades que afectan a las mujeres, la infancia y las personas con mayores necesidades de apoyo.
La salud mental forma parte inseparable del derecho a la salud. La atención debe ser accesible y adecuada y tener en cuenta el impacto que la discriminación, el capacitismo, la falta de apoyos y la exclusión social pueden tener sobre el bienestar emocional de las personas con discapacidad.
En coherencia con el derecho a la habilitación y rehabilitación, reclamamos servicios públicos, suficientes, cercanos y de calidad a lo largo de todo el ciclo de vida. La rehabilitación no debe limitarse a determinados diagnósticos o momentos vitales, sino estar disponible cuando sea necesaria para mantener o mejorar la funcionalidad, la autonomía y la calidad de vida. Asimismo, la actividad física adaptada y supervisada por profesionales debe formar parte de los apoyos disponibles cuando esté indicada, especialmente ante enfermedades crónicas o degenerativas.
Exigimos una formación inicial y continuada de los profesionales sanitarios en discapacidad, derechos humanos, accesibilidad universal, perspectiva de género y trato digno, como elemento indispensable para prevenir prácticas discriminatorias y capacitistas.
Las personas con discapacidad debemos participar en primera persona en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas y los servicios de salud para garantizar que respondan a nuestras necesidades, derechos y experiencias.
Aquest posicionament està vinculat als Artículos 25 y 26 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 2006.