Trabajo
El trabajo es un elemento esencial para desarrollar el propio proyecto de vida, favorecer la vida independiente, la participación social y la autonomía económica. Las personas con discapacidad tenemos derecho a elegir libremente nuestro proyecto profesional y a acceder al trabajo en igualdad de condiciones, contando con los apoyos y ajustes necesarios.
Defendemos el derecho a un trabajo libremente elegido, digno, estable y de calidad, en entornos inclusivos, accesibles y libres de discriminación. Este derecho debe garantizarse durante toda la vida laboral, desde los procesos de selección y la incorporación hasta el desempeño y la promoción profesional. La accesibilidad universal y los ajustes razonables son derechos y deben garantizarse de manera ágil y efectiva.
Exigimos políticas públicas que eliminen las barreras de acceso al empleo, refuercen los servicios de orientación, intermediación y acompañamiento y garanticen el cumplimiento de los derechos laborales. Asimismo, defendemos un sistema de protección social compatible con el trabajo, que no penalice ni dificulte la incorporación o permanencia en el empleo.
Rechazamos que las necesidades de apoyo se determinen únicamente en función del grado de discapacidad. Los apoyos deben responder a las necesidades, circunstancias y preferencias de cada persona, teniendo en cuenta también los factores sociales, económicos, territoriales y de contexto que pueden generar situaciones de mayor desigualdad.
Las administraciones públicas deben ser referentes en inclusión laboral, garantizando procesos selectivos accesibles, ajustes razonables y el cumplimiento efectivo de las medidas de reserva de empleo.
Apostamos por avanzar en la inclusión laboral en el mercado ordinario de trabajo, garantizando los apoyos necesarios para hacerlo posible. Al mismo tiempo, reconocemos el papel de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social en la generación de oportunidades laborales y la provisión de apoyos especializados, especialmente para las personas con mayores necesidades de apoyo o que se enfrentan a más barreras para acceder al mercado ordinario. Reclamamos políticas que garanticen su sostenibilidad y la contratación pública reservada, respetando las necesidades, preferencias y decisiones de cada persona sobre su proyecto profesional.
Denunciamos las desigualdades que aún afrontamos las personas con discapacidad en el acceso al empleo, la remuneración y la promoción profesional, especialmente las mujeres y las personas expuestas a múltiples formas de discriminación. Su eliminación requiere el compromiso efectivo de las administraciones públicas, las empresas, los sindicatos y el conjunto de agentes sociales.
Reivindicamos un modelo de inclusión laboral basado en los derechos, la igualdad de oportunidades y la libertad de elección, en el que las personas con discapacidad podamos decidir nuestro proyecto profesional y contar con los apoyos necesarios para hacerlo posible.
Este posicionamiento está vinculado al Artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 2006.