Reclamo para que el acuerdo político para la aprobación de los presupuestos 2023 no olvide la mejora de la financiación de los servicios sociales
La Confederación, de cuya Junta Directiva ECOM formamos parte, ha emitido hoy un comunicado de prensa pidiendo que las cuentas de los nuevos presupuestos 2023 incorporen de mínimo 150 millones de euros en concepto de incremento de los precios de la Red pública de Servicios Sociales.
A la expectativa de que estos próximos días se llegue a un acuerdo político para la aprobación de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el año 2023, hoy La Confederación del Tercer Sector Social (de cuya Junta Directiva formamos parte ECOM), ha hecho público un comunicado para alertar del impacto que supondría que las nuevas cuentas no incorporaran la necesaria mejora de la financiación de los servicios de atención a las personas más vulnerables del país, que hace tanto tiempo venimos reclamando desde el Tercer Sector Social.
La Confederación ha urgido a la aprobación de los nuevos presupuestos para 2023 y ha reclamado que éstos prevean un incremento significativo de las dotaciones presupuestarias destinadas a esta tipología de servicios esenciales (de atención a personas con discapacidad, personas mayores, infancia vulnerable, personas con problemáticas de salud mental, o mujeres víctimas de violencias machistas, entre otros). Una mejora de financiación, que como se ha recordado una vez más, es absolutamente necesaria para asegurar la calidad de atención, la sostenibilidad de los servicios y la imprescindible mejora de las condiciones laborales de los más de 100.000 profesionales (75% mujeres) que día a día trabajan por la mejora de la calidad de vida de estos colectivos.
Conscientes de que la infrafinanciación crónica que viene sufriendo el sector desde hace más de 12 años no se podrá revertir en un solo año, La Confederación ha planteado la necesidad de llegar a un acuerdo político para construir un escenario plurianual de recursos económicos que, ya en las cuentas de 2023, implicaría una inversión de mínimo 150 millones de euros en concepto de incremento de los precios de la Red pública de Servicios Sociales, correspondiente a un incremento de los precios del 10%.
Puede leer el comunicado de prensa completo aquí.