El Congreso aprueba la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, con nuevos derechos y medidas para promover la autonomía personal

ECOM considera que la reforma representa un paso adelante en el reconocimiento de derechos, pero recuerda que el impacto real dependerá de su despliegue efectivo y de la dotación de los recursos necesarios.

El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente el pasado 16 de septiembre la reforma de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. La reforma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, supone una modificación relevante del marco normativo vigente con el objetivo de reforzar derechos, ampliar servicios y prestaciones, reducir cargas administrativas y avanzar hacia un modelo centrado en la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión comunitaria.

Entre las medidas aprobadas, destaca la incorporación a la ley de la obligación que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), así como el incremento extraordinario de recursos previsto para los años 2026 y 2027.

Principales novedades en el ámbito de la dependencia

La reforma introduce cambios importantes en el sistema de atención a la dependencia, entre los cuales destacan:

• La eliminación de determinadas incompatibilidades entre prestaciones y servicios, hecho que permitirá combinar más apoyos según las necesidades y preferencias de cada persona.
• La ampliación y consolidación de la asistencia personal como servicio del catálogo de dependencia, reforzando el papel como herramienta para promover la autonomía personal, la vida independiente y la participación en la comunidad.
• La extensión del servicio de ayuda a domicilio más allá del hogar, de forma que pueda apoyar a actividades cotidianas en el entorno comunitario.
• El reconocimiento de diferentes figures cuidadoras, adaptándose a la diversidad de modelos de convivencia existentes.
• La consideración de la teleasistencia como un derecho subjetivo para las personas con dependencia reconocida.
• La reducción del plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación de dependencia, que pasa de seis a tres meses.

Avances en derechos de las personas con discapacidad

En cuanto a la legislación de discapacidad, la reforma despliega el nuevo artículo 49 de la Constitución y refuerza aspectos clave relacionados con la inclusión, la accesibilidad universal, la vida independiente y la autonomía personal.

Entre las principales medidas aprobadas hay:

• El reconocimiento automático del 33% de discapacidad para las personas con grado I de dependencia y la posibilidad de reconocer un 65% de discapacidad a las personas con grado II o III de dependencia, con el objetivo de agilizar trámites y reducir la burocracia.
• El reconocimiento de la accesibilidad universal como derecho exigible, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar la eliminación de barreras en servicios y espacios de uso público.
• La creación de un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, destinado a financiar actuaciones para eliminar barreras físicas, sensoriales y de comunicación.
• Modificaciones en la normativa de propiedad horizontal para facilitar las obras de accesibilidad en los edificios de viviendas, reforzando los mecanismos de apoyo público y facilitando la ejecución por parte de las comunidades de propietarios.
• El reconocimiento de la atención temprana como derecho subjetivo, garantizando el acceso a los servicios para los niños de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de presentarlos, independientemente de la disponibilidad presupuestaria o de plazas.
• La prohibición que las compañías aseguradoras establezcan sobrecostes o condiciones desfavorables por motivo de discapacidad en seguros de salud o del hogar.
• La incorporación de la figura de la persona facilitadora procesal para apoyar a personas con dificultades de comprensión o comunicación durante los procedimientos judiciales y evitar situaciones de indefensión.

Un paso importante que requerirá despliegue efectivo

La aprobación de esta reforma representa un paso significativo en el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia. Aun así, el impacto real de los cambios dependerá de su desarrollo reglamentario, de la dotación efectiva de los recursos necesarios y de su implementación por parte de las diferentes administraciones competentes.

Desde ECOM seguiremos analizando el alcance de las medidas aprobadas y su despliegue para valorar el impacto efectivo en el ejercicio de los derechos, la autonomía personal y la vida independiente de las personas con discapacidad.