El derecho a la accesibilidad, el derecho a la protección social y el derecho a la movilidad los tres derechos más vulnerados el 2021

Esto lo ha concluido el informe RADAR ECOM 2021, el informe de vulneración de derechos y discapacidad física y/u orgánica, que hemos presentado esta semana, que ha constatado también que la Administración Pública es el principal agente vulnerador.
 
Esta semana hemos presentado el informe RADAR ECOM 2021 dónde hemos recogido y analizado las vulneraciones de derechos que han sufrido las personas con discapacidad física y/u orgánica que hemos atendido desde ECOM durante el 2021, que han sido un total de 318 , frente a las 121 vulneraciones de derechos que detectamos en el informe de 2020. 
 
El informe Radar ECOM es una iniciativa que pusimos en marcha el año pasado, coincidiendo con el 50º cumpleaños de la Federación ECOM, para reforzar la tarea en defensa de derechos que venimos haciendo desde hace más de cinco décadas, y con el objetivo que nos ayude a visibilizar las vulneraciones de derechos que sufren las personas con discapacidad física y/u orgánica, a generar conciencia ciudadana y a establecer planes para prevenir la vulneración de derechos y discriminaciones por razón de discapacidad. El informe se edita anualmente. 
 
Las 318 vulneraciones detectadas el 2021, las hemos detectado a través de las consultas que las personas con discapacidad física y/u orgánica han hecho a nuestra federación durante el año pasado y a través de una encuesta en línea que realizamos, que respondieron 166 personas. Durante el 2021 recibimos 884 consultas, de las cuales 140 estaban relacionadas con vulneraciones de derechos, y el resto de vulneraciones, 178, las detectamos a través de la encuesta. 
 
Los derechos más vulnerados el 2021, según el informe, han sido el derecho a la protección social (por las listas de espera eternas para acceder a ayudas, retraso en resoluciones, desinformación y trabas burocráticas…) y el derecho a la accesibilidad y la movilidad (por barreras arquitectónicas en el espacio público y en la edificación; carencia de accesibilidad del transporte…). 
 
En cuanto al perfil de las personas que han sufrido una vulneración, son la mayoría mujeres (un 60,7% de los casos) y un 64,4% del total tenían entre 35 y 64 años. En cuanto a la procedencia, un 75,8% eran personas residentes de la provincia de Barcelona. 
 
En cuanto al principal agente vulnerador, ha sido la Administración Pública, en un 65,4% de los casos, en primer lugar la Administración Autonómica y en segundo la local. Los espacios públicos y las instalaciones públicas han sido los lugares mayoritarios donde se han desarrollado las vulneraciones detectadas, un 55,9% del total. También se han detectado vulneraciones a otros derechos como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, el derecho a la educación y el derecho a la participación a las actividades culturales, de ocio y deportivas. 
 
El informe Radar ECOM 2021 también ha evidenciado, un año más, que la infradenuncia continúa siendo una problemática que invisibiliza las vulneraciones que sufren las personas con discapacidad física y/u orgánica. El 55,1% de las vulneraciones de derechos detectadas no fue denunciada y el 58,2% de las mujeres no lo denunció, siendo las que más vulneraciones sufren. Las causas para no denunciar han sido diversas: el 45,2% de las personas manifestaron que no lo hicieron porque “no servía de nada” y el 29,8% de las personas fue porque el proceso de denuncia era complicado. 
 
A las personas 166 personas encuestadas también se tuvo en cuenta y preguntó por el impacto de la Covid-19 en los derechos de las personas con discapacidad física y/u orgánica, si las medidas y políticas tomadas por la administración habían sido efectivas o no. En los resultados, sumando las respuestas desfavorables de la encuesta los porcentajes son muy mayores que los favorables, se puso en evidencia la fragilidad de las estructuras de la administración y su sistema de protección social. 
 
Para que no se sigan reproduciendo las vulneraciones de derechos, ECOM ha urgido a las Administraciones Públicas a garantizar el desempeño de las leyes, a dotarlas de presupuesto para garantizar su despliegue y también a que aprueben definitivamente leyes que hace mucho tiempo que el colectivo de personas con discapacidad física y/u orgánica está esperando, como el Código de Accesibilidad de Cataluña, que tiene que promover la accesibilidad universal, y el decreto de asistencia personal, para hacer posible una vida independiente de las personas con discapacidad dentro de la comunidad, un derecho que les reconoce la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.