El CERMI plantea reforzar el bloque de autonomía personal de la Ley de la Dependencia

Al haberse cumplido su tercer año de vigencia, el CERMI ha realizado una valoración previa del despliegue y desarrollo de la Ley a escala nacional durante sus tres años de vigencia. Solicitan un protocolo homogéneo de atención a las personas con discapacidad y una revisión profunda de los procedimientos administrativos de las CC. AA, entre otras medidas.
El CERMI ha presentado, a los Grupos Parlamentarios, al Gobierno español y a las CC.AA., un documento de propuestas para mejorar la Ley de Promoción de las Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, para que conozcan sus planteamientos y se incorpore su visión y sus propuestas al proceso de evaluación y revisión que debe abrirse en 2010.

El Comité ha pedido la realización de “una revisión profunda de los procedimientos administrativos establecidos en las CC.AA.” para acabar con los “plazos intolerables e inasumibles”, que se están produciendo con generalidad. Para reducir los plazos de espera de reconocimiento de la situación de dependencia y determinación del derecho a las prestaciones, el CERMI ha pedido la realización de “una revisión profunda de los procedimientos administrativos establecidos en las CC. AA. desde la perspectiva de la simplificación y optimización de los recursos”.

Por otra parte, en relación también al reconocimiento de la situación de dependencia, el CERMI ha estimado imprescindible el establecimiento de unas normas mínimas en cuanto a la cualificación y el perfil profesional de los valoradores y su currículum formativo.

Igualmente y para seguir reduciendo tiempo de espera a la hora de recibir respuesta, el Comité ha propuesto que las solicitudes de revisión de las decisiones administrativas adoptadas en relación al reconocimiento de la situación de dependencia y determinación del derecho a las prestaciones el Sistema, “pase a la Jurisdicción de lo Social” y que se cree una oficina de información y gestión de reclamaciones.

Asimismo, ha considerado imprescindible que “quienes cumplan los requisitos para que sea reconocida su situación de dependencia puedan acceder a las prestaciones y servicios que les corresponda, sin que ello quede condicionado por las posibilidades presupuestarias”, como en la actualidad sucede. En este sentido el Comité ha añadido que “las administraciones deberían efectuar una planificación de inversiones que garantice plenamente el acceso a las prestaciones y servicios”.

MODELO SOCIO-SANITARIO

El CERMI ha denunciado la “falta de desarrollo de los modelos socio-sanitarios, y una ausencia de coordinación efectiva, alegando que “la aplicación de la Ley se ha dirigido hacía la delimitación de prestaciones precisas, más que a una consideración integral de la persona”.

Asimismo, ha considerado preciso plantear un modelo básico de Programa Individual de Atención (PIA) común para todo el territorio nacional y ha exigido al Consejo Territorial “que establezca una posición y criterios homogéneos, que se respeten por todas las CC.AA, para determinar la participación del beneficiario en el coste del servicio y acabar con la diversidad de criterios que actualmente aplican las CC.AA. al respecto”.

COPAGO

Una vez más, el sector de la discapacidad representado por el CERMI recuerda su posición inamovible de que queden exentos de realizar aportaciones las personas beneficiarias en situación de dependencia menores de 65 años cuya capacidad económica no supere 2,5 veces el SMI, y que se limite al 75% la aportación máxima, en el caso de los servicios con mayor carga de copago. El CERMI ha recordado que la Entidad tiene recurrido ante la Audiencia Nacional el vigente acuerdo de copago y que será la Justicia la que determine su adecuación o no a la legalidad.

Además, considera conveniente el establecimiento de un sistema de prioridades y criterios de urgencia en la atención de situaciones de emergencia social, para evitar el solapamiento entre el sistema de acceso a servicios en función de lo dispuesto en el PIA.

ASISTENTE PERSONAL

Por otra parte, el Comité ha denunciado la “casi inexistente determinación de la prestación de asistente personal”. En este sentido, ha planteado la modificación de la Ley para que esta prestación se abra a todas las situaciones de dependencia reconocidas, y para todo tipo de actividades, y no limitarla como ocurre ahora a las de gran dependencia.

Además, para el CERMI, la prestación “ha de ir dirigida a ofrecer apoyos a la persona para desarrollar todo tipo de actividades que promueven la vida independiente, y no sólo a una parte, como se regula ahora, como las educativas o laborales”. Así, ha reclamado la creación de Oficinas de Vida Independiente, en cada provincia, sostenidas por la CC.AA., encargadas de difundir y promover este estilo de vida y gestionar las prestaciones.

El CERMI ha solicitado además la ampliación del catálogo de servicios que establece la Ley para incorporar nuevas prestaciones de promoción de la autonomía personal como los productos de apoyo y la ayudas para la eliminación de barreras en el entorno domiciliario, con rango de auténtico derecho. También reclama la definición legal del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, que ahora se menciona pero carece de configuración legal, lo que resiente su extensión y aplicación generalizada.

Otros aspectos demandados por el CERMI son la aprobación de los criterios, recomendaciones y condiciones mínimas que deberán cumplir los Planes de Prevención y Atención Temprana de las CC. AA; la inclusión en el sistema de información del SAAD estadística de los datos sobre personas con discapacidad y personas mayores por separado y un mayor esfuerzo normativo para garantizar que las entidades privadas que aspiren a gestionar servicios relacionados con el SAAD, cumplan con la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad, entre otras medidas.

El CERMI plantea también revisar los fundamentos constitucionales de la Ley para que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se incorpore al Sistema de la Seguridad Social, en cuanto a competencias del Estado, a fin de evitar el riesgo cierto de que surjan 17 sistemas de autonomía y dependencia, dispares y distintos, que generan iniquidad.

Fuente: CERMI