El Gobierno impulsa la primera ley del Protectorado de las Fundaciones para hacerlas más eficaces y transparentes
La regulación da respuesta a las demandas de la sociedad civil, que reivindica una estructura de Protectorado más adecuada a la realidad social.
El Consejo Ejecutivo ha aprobado hoy la memoria preliminar del Anteproyecto de ley del Protectorado de las Fundaciones y las Asociaciones Declaradas de Utilidad Pública. De esta manera, se da cumplimiento a la disposición transitoria cuarta del libro tercero del Código civil de Cataluña, que establece el régimen jurídico del Protectorado para llevar a cabo las funciones que legalmente tiene encomendadas, con plena seguridad jurídica, de forma eficaz y eficiente .
El impulso de la nueva ley se deriva de la competencia de la Generalidad en materia de derecho civil y tiene como objetivo dotar al Protectorado de los instrumentos necesarios para que pueda garantizar el ejercicio del derecho de asociación de las declaradas de utilidad pública y el de fundación, constitucionalmente reconocidos.
La elaboración de esta memoria es un paso importante porque supone el punto de partida del Anteproyecto de la primera ley del Protectorado de Cataluña. Hasta ahora, nunca el Código Civil de Cataluña y las diferentes iniciativas de armonización habían determinado el funcionamiento orgánico del Protectorado.
Cataluña tiene una sociedad civil muy dinámica que utiliza sobre todo como fórmula jurídica la Fundación para desarrollar, básicamente, tareas vinculadas al mundo cultural y el tercer sector. En algunos casos, estas sociedades sufren problemas derivados de la situación económica, pero también problemas derivados de la gobernanza o, por ejemplo, de adaptación a la realidad cambiante. Ante esta situación, la propia sociedad civil ha pedido una mayor seguridad y eficacia del Protectorado de Fundaciones. El impulso de la nueva ley quiere otorgar al Protectorado una estructura más moderna de acuerdo con la realidad social.
La memoria del Anteproyecto de la ley del Protectorado prevé, principalmente, entre otras cuestiones:
- Definir la organización interna del Protectorado, para generar las medidas de fomento de los controles internos de las entidades y de responsabilidad de los patronos, con el objetivo de incrementar la colaboración entre administraciones y entidades para coordinar las funciones de control y supervisión y de implementar una cultura de la transparencia, la imparcialidad y la no discriminación que sirva de garantía tanto a los financiadores privados como públicos.
- Establecer procedimientos sancionadores, como mecanismo disuasorio de conductas no legales y como medida de confianza para los que contribuyen a la financiación de las entidades.
- Constituir nuevos mecanismos para dotar de mayor eficiencia y transparencia los procedimientos de funciones administrativas del Protectorado: como por ejemplo, definiendo el grado de participación de terceros.
- Crear la función inspectora del Protectorado, como elemento de garantía de control y regular el procedimiento. En la memoria ya se prevé dotar a esta nueva función de más recursos financiados con presupuesto del Departamento de Justicia.
Fuente: Nota de prensa de la Generalidad de Cataluña
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